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Si una persona no está segura en una estación de policía, entonces ¿en dónde?
El 28 de febrero de 1993, Colombia vivió uno de los episodios más oscuros y desgarradores en su historia reciente: el asesinato de Sandra Catalina Vásquez Guzmán, una niña de tan solo nueve años, que sufrió uno de los crímenes más atroces dentro de una estación de policía, el lugar donde se supone que debería haber estado más segura. Este crimen no solo estremeció al país, sino que también reveló las fallas profundas en el sistema de justicia y la vulnerabilidad de los ciudadanos ante quienes están encargados de protegerlos.
EL DIA FATÍDICO
Aquel domingo Sandra Catalina Vasquez salió en compañía de su madre la señora Sandra Janeth Guzmán, como es habitual un domingo se dirigían para la iglesia, pero antes decidieron hacer una parada, que sin esperar acabo con la vida de la menor, iban a la estación de policía tercera de Germana, en búsqueda del padre de Sandra Catalina el agente Pedro Gustavo Vásquez, quien tendría que entregarles un dinero para la ruta escolar del colegio de la menor.
Cuando llegaron a la estación, les informaron que el agente Pedro no estaba, pero a Sandra Janeth le pareció haberlo visto a través de unas ventanas, por lo cual, decidió pedirle permiso al centinela para que la menor Sandra Catalina ingresara a ver si su padre estaba en la estación, pasados quince minutos, la niña no aparecía, entonces la madre ingreso a la estación en búsqueda de ella, pues una sensación en el pecho la tenía angustiada, pero en cierta parte calmaba su angustia pensando que si había encontrado al padre y se encontraba con él.
Inicio buscándola por el primer piso donde no encontró a la menor, igual que en el segundo piso, pero cuando llego el tercer piso encontró lo que ninguna madre quisiera encontrar, Sandra Catalina estaba en el piso del baño tirada junto al inodoro, con sus pantalones abajo, con un hematoma en la frente pues había recibido un golpe, en el cuello tenía signos de estrangulamiento y sus uñas están color morado junto con lesiones en la punta de sus dedos, lo que indicaría señal de defensa propia.
COMIENZOS DE INVESTIGACION CASO SANDRA CATALINA VASQUEZ
Sandra Janeth inmediatamente levanto a su hija del suelo, le tomo signos con ayuda de un auxiliar bachiller, los cuales estaban bajos, pero en el momento por los nervios y la posición de la menor, no se dieron cuenta que tenía una cuerda delgada amarrada en su cuello, procedieron a llamar a una ambulancia, la cual nunca llego, así que la menor fue trasladada en una patrulla de policía al Hospital San Juan de Dios, al cual llego prácticamente sin vida, donde realmente ya no había nada que hacer, pues Sandra Catalina había perdido la vida.
LA SOSPECHA RECAYÓ EN EL PADRE
En la policía este caso prendió las alarmas por lo cual inmediatamente empezaron a revisar la escena del crimen, pero esta fue alterada, ya que desapareció la minuta que registra la hora de entrada y salida de los funcionarios, mientras la fiscalía 20 de unidad de pertenencia inicio la investigación para esclarecer el crimen, e inmediatamente detuvieron al agente Pedro Gustavo padre de la menor como sospechoso, pues investigadores de la policía afirmación que pocos minutos después de la muerte de la menor el señor Pedro fue visto por algunos policías cuando abandonaba apresuradamente el cuartel de la policía.
En el caso de Pedro desde el primer momento de la captura, no paraba de llorar y jurar que él no había sido el autor de este crimen contra su hija, que él no se encontraba em la estación en ese momento, y que el jamás le haría eso a su propia hija, pero en ese momento para nadie era certero lo que él decía, e inmediatamente fue juzgado y señalado socialmente, menos por Sandra Janeth quien en ningún momento lo juzgo o sospecho de él, permaneció detenido en los calabozos de la sección de policía judicial de investigación, y no pudo asistir al entierro de su hija.
En abril de 1993, comenzó el juicio en contra de Pedro, donde el empezó a aportar pruebas y testimonios para demostrar que él no se encontraba en el lugar de los hechos, y que el día anterior al asesinato de su hija estuvo de turno en la tercera estación y en la mañana del crimen se encontraba desayunando en el Salón Bogotá donde comió consomé de pescado, chocolate y pan, en compañía de una mujer, y luego regreso a la estación. La investigación continuo, pero no se lograba resolver con certeza, así que en octubre de 1994 la Fiscalía 31 ordeno la preclusión del caso y Pedro Vásquez quedo absuelto de todo delito, quien una semana después interpuso una demanda administrativa la nación por daños y prejuicios en su contra y fue indemnizado con 500 millones de pesos en ese momento.
Pedro Morales fue la persona encargada de recibir el cuerpo de la menor y junto a su equipo de trabajo hicieron una necropsia detallada y minuciosa, pero para ese entonces en Colombia no existían pruebas de ADN, así que tenían que enviar las muestras a los forenses americanos, lo que hacía que el proceso fuera muy largo. Se conformo un equipo investigador integrado por expertos, el cual era coordinado por el Mayor Marco William Duarte Valderrama, quien empezó a revelar más de mil páginas del expediente que estaba a punto de parar la investigación, lograron identificar a 120 personas que ese día estuvieron en la estación de policía y fueron vinculados a la investigación, los cuales fueron entrevistados e investigados, junto con un perfil psicológico para determinar en algunos puntos con certeza los principales sospechosos, y poco a poco encontraron un sospechoso.
Mientras las investigaciones estaban en curso la familia materna de la niña solicitaron al director de la policía, el general retirado Luis Ernesto Gillibert, que realizarán un homenaje en honor a la niña en el que la institución pidiera perdón, el general aceptó su petición, pero tres meses después llegó una carta de la Policía Nacional a la familia en la que decían que habían revisado la propuesta y la consideraban inviable
CAPTURA DIEGO FERNANDO
Dos años después entregaron los resultados que demostraron que el autor del crimen había sido Diego Fernando Valencia Blandón, su muestra de sangre y residuos seminales encontrados en la ropa de la niña corroboraron su culpabilidad.
Dos días después de recibir en Colombia el resultado de ADN, Valencia fue capturado el 13 de octubre de 1995 en la carrera octava con calle 87 en Bogotá, quien fue trasladado a los juzgados de Palo quemado donde se mantuvo tranquilo durante el juicio, pasada de la medianoche aceptó los cargos y a la mañana siguiente frente a los medios de comunicación confesó que abusó a la niña y dijo que cuando ella trató de escapar la tomó por los hombros, le ato el cordón y luego abuso de ella.
Las personas que conocían a Diego declararon que no les inspiraba confianza por su extraña personalidad, además en medio de las investigaciones la policía determinó que este hombre mantenía relaciones íntimas por dinero con algunos detenidos dentro de la estación tercera.
SISTEMA DE JUSTICIA
El 13 de mayo de 1996 lo declararon responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso con acceso violento, donde el juzgado 50 lo condeno a cuarenta y cinco años de prisión, pero en febrero del 2006 el juzgado 50 le concedió la libertad al otorgarle rebajas de pena por confesión, revisión de sentencia, trabajo y estudios es decir que de los 45 años solamente pagó 10, además después de su confesión el proceso se detuvo, y la familia de la menor quedó la incertidumbre de la responsabilidad de otros agentes de policía y superiores presentes en la estación en ese momento.
El caso de Sandra Catalina Vasquez y el prolongado litigio de su familia materna es un ejemplo dramático de los desafíos que enfrentan las víctimas y sus familias al buscar justicia y reparación, especialmente cuando se trata de crímenes cometidos por servidores públicos, pues el hecho de que el crimen haya ocurrido en instalaciones policiales añade una complejidad adicional, ya que involucra a la responsabilidad del Estado.
BUSQUEDA DE JUSTICIA
El primer intento de demandar a la nación en 1997 muestra la dificultad de acceder a la justicia cuando se enfrenta a plazos legales restrictivos, como el de dos años para presentar acciones legales. Este obstáculo inicial, que llevó a la desestimación de la demanda en 2012, refleja cómo el sistema legal a veces puede proteger a las instituciones del Estado en lugar de proporcionar un camino claro hacia la justicia para las víctimas.
Sin embargo, la perseverancia de la familia de Catalina al continuar luchando por una demanda administrativa, a pesar de los rechazos iniciales, demuestra su determinación para que se reconozca la responsabilidad del Estado en el crimen. Finalmente, en 2016, el Consejo de Estado falló a favor de la familia, lo cual representa un reconocimiento tardío de la injusticia sufrida.
Este caso subraya la importancia de la tenacidad en la búsqueda de justicia y también plantea preguntas sobre la eficiencia y equidad del sistema legal, especialmente en casos donde el Estado es responsable. La admisión de la demanda después de varios intentos refleja las barreras que las víctimas y sus familias pueden enfrentar en su lucha por la reparación y el reconocimiento de la verdad.
MEMORIA Y DOLOR
25 años después del crimen, como un poderoso símbolo del dolor y la lucha por la justicia que la madre de Catalina y su familia han enfrentado durante décadas, el hecho de que la madre de Catalina haya sido la primera en dar los golpes a la estructura simboliza un acto de resistencia y duelo, aunque como mencionas, esto no fue suficiente para aliviar el profundo dolor que lleva consigo.
La adquisición del predio por parte de la Universidad de Los Andes para convertirlo en una sede educativa añade una capa más a esta historia, transformando un lugar marcado por la tragedia en un espacio de aprendizaje y crecimiento, un ejemplo de cómo los espacios pueden resignificarse a lo largo del tiempo.
La creación del jardín “Siempreviva” en 2013 frente al lugar donde ocurrieron los hechos es un acto de memoria colectiva y de homenaje a las víctimas, es especialmente simbólico, evocando la resistencia y la perdurabilidad del recuerdo de las víctimas. Los arbustos y flores plantados en nombre de otras víctimas crean un espacio de reflexión y de reconocimiento de las vidas perdidas.
Este jardín, visitado por familiares de otras víctimas, se convierte en un lugar de encuentro y de consuelo para quienes han sufrido pérdidas similares, reafirmando la importancia de los lugares de memoria en el proceso de duelo y en la búsqueda de justicia.
CIFRAS ACTUALES VIOLENCIA CONTRA MENORES
La violencia contra menores en Colombia es un problema grave que requiere atención urgente, según datos recientes, entre enero y agosto de 2023 se registraron 8.295 casos de delitos contra niños y adolescentes, una cifra alarmante que evidencia la necesidad de tomar medidas efectivas para proteger a esta población vulnerable.
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Alertas Tempranas, este sistema es crucial para prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de los menores y para ofrecer una respuesta rápida y efectiva cuando se detectan señales de peligro.
La implementación de un sistema de alertas que permita recopilar y analizar datos en tiempo real es esencial, esto no solo ayudaría a prevenir futuros incidentes, sino que también garantizaría que las víctimas reciban el apoyo y la justicia que merecen, al contar con información precisa y actualizada, las autoridades podrían intervenir de manera más eficiente, evitando que estas situaciones escalen y afecten a más personas.
Es fundamental que el Sistema Nacional de Alertas Tempranas se convierta en una herramienta clave para la protección de los menores, con su implementación, se fortalecería la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de velar por su bienestar, asegurando que cualquier señal de alerta sea atendida de inmediato.
El trabajo conjunto entre la Procuraduría, el ICBF y otras entidades es indispensable para hacer realidad este sistema, solo a través de una colaboración estrecha se podrá garantizar que se tomen las medidas necesarias para proteger a los menores en situación de riesgo y que se actúe con la rapidez que la situación exige.
En conclusión, la situación actual en Colombia revela una necesidad apremiante de establecer mecanismos efectivos que permitan prevenir y responder de manera adecuada a las múltiples amenazas que enfrentan los menores en todo el territorio nacional, pues las cifras anteriores de delitos reportados contra niños, niñas y adolescentes son alarmantes y subrayan la urgencia de actuar de manera rápida y decisiva para proteger a esta población vulnerable, cuya seguridad y bienestar deben ser una prioridad para el Estado.
La creación de un Sistema Nacional de Alertas Tempranas se perfila como una de las iniciativas más prometedoras para enfrentar este desafío, este sistema no solo tiene el potencial de prevenir situaciones que pongan en riesgo a los menores, sino que también podría proporcionar una respuesta inmediata y coordinada en los casos en los que ya se hayan identificado señales de peligro.
La capacidad de recopilar, analizar y actuar sobre datos en tiempo real es esencial para detectar patrones de riesgo y para intervenir de manera oportuna, evitando así que situaciones de riesgo se conviertan en tragedias.
Además, la implementación de este sistema es un paso fundamental para fortalecer la estructura de protección social en Colombia, al contar con un mecanismo que permita una intervención rápida y efectiva, se garantiza que los menores que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad reciban el apoyo y la atención que necesitan, minimizando el impacto negativo que estas situaciones pueden tener en sus vidas y en su desarrollo.
La creación de este sistema también demanda un compromiso serio y coordinado por parte de todas las instituciones involucradas en la protección de los derechos de los menores, la colaboración entre la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y otras entidades pertinentes es indispensable para que el Sistema Nacional de Alertas Tempranas sea efectivo.
Solo a través de una acción concertada y bien estructurada se podrán superar los obstáculos que actualmente enfrentan las autoridades en la protección de los menores, garantizando así que cualquier amenaza a su bienestar sea identificada y abordada con la urgencia que la situación requiere.
Es imperativo que la implementación del Sistema Nacional de Alertas Tempranas se convierta en una prioridad absoluta para el Estado colombiano, la protección de los menores no puede quedar relegada a un segundo plano; al contrario, debe ser un eje central en las políticas públicas y en la acción estatal, la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes son fundamentales para el futuro del país, y es responsabilidad del Estado crear las condiciones necesarias para garantizar que todos los menores puedan crecer en un entorno seguro, protegido y libre de violencia.
En última instancia, el establecimiento de este sistema representa no solo una respuesta a las demandas actuales de protección infantil, sino también un compromiso con el futuro de Colombia, invertir en la protección de los menores es invertir en el futuro del país, asegurando que las próximas generaciones tengan las oportunidades necesarias para desarrollar su potencial al máximo.